Votó en Morón: El padre del kiosquero asesinado en Ramos rogó «que los delincuentes cambien el chip»
El padre de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado durante un asalto en Ramos Mejía, bregó hoy antes de emitir su voto, en Morón, porque haya un cambio en la política de seguridad «gane quien gane».
El emotivo momento ocurrió en la Escuela 55 Martín Miguel de Güemes en Morón, cuando Pedro Sabo se encontraba a punto de entrar al cuarto oscuro.
«Espero que gane quien gane cambie el sistema de seguridad», expresó Sabo a la prensa, acompañado por su esposa Magdalena.
Al momento de ingresar al establecimiento una mujer lo reconoció y no dudó en abrazarlo, por lo que el hombre rompió en llanto.
El crimen de Roberto Sabo fue el puntapié para el pedido de seguridad en La Matanza y otras localidades del conurbano, en donde se registraron varias marchas en pedido de justicia.
Según indicó Pedro, el voto emitido ya lo tenía pensado antes de lo que sucedió con Roberto.
Cuando salió de la escuela, el hombre, que había iniciado el negocio familiar en el que se desempeñaba su hijo y ahora lo hace uno de sus nietos, fue saludado con un apretón de manos de algunos policías que se encontraban custodiando las elecciones.
El asesinato del kiosquero de 48 años ocurrió el 7 de octubre pasado en el drugstore «Pato», situado en avenida de Mayo al 800, en pleno centro comercial de Ramos Mejía.
Leandro Suárez, de 29 años y con antecedentes delictivos, entre al local con fines de robo y tras un forcejeo, le efectuó cuatro disparos al comerciante.
El delincuente escapó del lugar junto a su novia, una adolescente de 15 años.
La pareja fue detenida por la Policía luego de robarle el auto a un remisero y la moto a un repartidor delivery.
«Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir», expresó Suárez tras negarse a declarar ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.
En agosto de 2020 el delincuente había salido de prisión después de haber cumplido una condena por 5 años y 10 meses por delitos contra la propiedad.
(NA)
